1. Titular del sitio web
Este sitio pertenece a Mateos y Marco Abogados, despacho profesional con sede en Alicante.
- Domicilio profesional
- Avenida Aguilera nº36, 4ªA, 03007 Alicante
- Teléfono
- 696 589 391
- Correo electrónico
- dmateos-martinez@icali.es
- Dominio
- mateosymarco.com
2. Objeto y aceptación
La web ofrece información general sobre el despacho, sus áreas de práctica y sus medios de contacto. La navegación implica la aceptación de estas condiciones. Si no está de acuerdo con ellas, debe abstenerse de utilizar el sitio.
3. Información jurídica y relación profesional
Los contenidos tienen carácter informativo y divulgativo. No constituyen asesoramiento jurídico individual, no garantizan un resultado y no sustituyen el análisis de hechos, documentos y normativa aplicable a cada caso.
El envío de un correo, una llamada o un mensaje no crea por sí solo una relación abogado-cliente. La aceptación de un asunto, su alcance y las condiciones económicas deben confirmarse expresamente y, cuando proceda, quedar recogidas en la correspondiente hoja de encargo.
4. Uso correcto del sitio
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6. Enlaces y servicios externos
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7. Disponibilidad y responsabilidad
Se procura mantener la información correcta y el sitio disponible, pero pueden existir errores, interrupciones o cambios normativos posteriores a la fecha de revisión. Cuando detecte una información incorrecta, puede comunicarlo al despacho para su comprobación.
Cada página jurídica muestra su fecha de revisión y enlaza, cuando resulta útil, a fuentes oficiales. La decisión sobre un asunto concreto debe tomarse después de valorar sus circunstancias particulares.
8. Privacidad y seguridad
La información sobre datos personales, canales de contacto y servicios de terceros se encuentra en la política de privacidad. La conexión al sitio utiliza HTTPS, sin perjuicio de que ningún sistema conectado a Internet pueda garantizar una seguridad absoluta.
9. Legislación aplicable
Estas condiciones se rigen por la legislación española. Cualquier controversia se someterá a los juzgados y tribunales que resulten competentes conforme a la normativa aplicable, respetando en todo caso los derechos imperativos de consumidores y usuarios.